-SI VIS SOLVENTIAM PARA CONCURSUM (y II)-

La parte primera de este post puedes consultarla aquí:

La sede del Crédito de la Unión Minera de Bilbao estuvo en el edificio obra del arquitecto Severino de Achucarro sita en la Plaza Circualr, donde se había inaugurado en 1893, en terreno que no hacía un cuarto de siglo que anexionó la Villa de Bilbao a la Anteiglesia de Abando, el primer gran hotel bilbaíno. En el mismo corazón del pujante Bilbao comercial de finales de siglo XIX, justo al lado de la terminal, murada con cristaleras, de la playa de vías de la Estación del Norte, a cuya sala de espera se podía acceder directamente mediante una pasarela privada que, atravesando la calle, comunicaba con el segundo de los cinco pisos de habitaciones.

El Gran Hotel Terminus fue uno de los hoteles más lujosos del mundo en aquel momento, de 102 habitaciones con luz eléctrica, teléfono y calefacción central, a las que llegaba mediante dos elevadores, uno para personas y otro para carga y servicio.

Es remarcable -por la extraordinaria semejanza con la foto de Viollet del famoso accidente ferroviario de la estación de Montparnasse de un año antes- el siniestro, a las cinco de la tarde del 29 de octubre de 1896, en el que un convoy de mercancías sin frenos se precipitó, topando con el tranvía de Orduña, estacionado para partir, y derribando muro con vidrieras y pasarela del hotel, a la calle, ahora Particular de Renfe, colisionando con el pie de pared del Terminus, el cual hizo honor a su nombre.

Por falta de demanda de turismo de lujo, cerró en 1900, sin alcanzar nueve años siquiera de funcionamiento. El edificio pasó luego a denominarse “Edificio Aurora”, adaptado por el arquitecto Enrique Epalza en 1904, al ser ocupado por la recientemente constituida compañía de seguros de Martínez Roda, y dado en pago a Compañía Constructora de Saltos de Leizarán y a Sociedad General de Centrales Eléctricas, las mismas cedieron el edificio a Crédito de la Unión Minera, encomendando ésta su habilitación y reforma en 1918 a Ricardo Bastida, quien acometió una segunda reforma en 1923

La quiebra y las Ordenanzas de Bilbao

Así como lo mercantil remite ineludiblemente a Bilbao, por las Ordenanzas del Consulado, lo concursal también es bilbaíno, porque aunque la suspensión de pagos que justificó una ley ad hoc, que parcheó los procedimientos de insolvencia en el reino durante 82 años, fue del Banco de Barcelona, el expediente que significó el fin de un ciclo, de Bilbao como idea económica, de efectos longevísimos, fue el del Crédito de la Unión Minera, y a su vez, evoca, por asociarse, también sin remedio, a los Cuadros Vascos de su inusitada víctima, Manuel Aranaz Castellanos, la “bilbainez” tópica del anteúltimo cambio de siglo.

Las Ordenanzas de Bilbao, recopilación de las leyes mercantiles que aplicaba el Consulado, erigido en 1511, y cuya última publicación ratificada por Felipe V en 1737, tuvo tanto prestigio como para que directamente el Conde de Campomanes propusiera a Carlos III su promulgación para todos los territorios de la Corona, como ley general mercantil. Fueron un Derecho consuetudinario corporativo, de corte uniforme, porque respondía a necesidades comunes de los comerciantes con independencia del lugar, de aplicación autónoma, a través de la jurisdicción de equidad de la corporación  (Consulado). Por eso, el origen del Derecho mercantil, cuando hasta el siglo XXI se ha tenido por disciplina independiente del tronco privatista, es un Derecho estatutario, de las ciudades o burgos en las que era más relevante el comercio, como Bilbao.

La Constitución de Cádiz de 1812, recogiendo precedentes en defensa de la unidad legislativa, dispuso en su art. 257 que el Código civil, el criminal y el de comercio serían unos mismos para toda la Monarquía. Esta aspiración se demoró largamente en convertirse en una realidad, pero el primer intento consumado fue el Código de Comercio, que tanto tomó de las Ordenanzas de Bilbao. Curiosamente, el Fernando VII de la “Década Ominosa”, fue convencido en 1828 por el Ministro de Hacienda Luis López Ballesteros de la utilidad de promulgar un Código de Comercio único, a fin de lograr la modernización y el desarrollo económico de la nación. Y curiosamente, en apoyo del Ministro, como secretario con voto de la Comisión codificadora, fue reclutado Pedro Sáinz de Andino que, por sus ideas liberales se encontraba exiliado, por segunda vez, en Francia, y pudo regresar al reino en diciembre de 1823. Sáinz de Andino fue el autor, entre variedad de otros trabajos legislativos, del Proyecto de Código de Comercio de 1829.

El proyecto, que fue personal, como el de cada miembro de la Comisión en sus meses de labor, en una muestra esplendorosa de la inviabilidad para el concierto y la transacción de los juristas y políticos españoles. A pesar de considerarse por los conservadores una copia del Código napoleónico de 1807, en realidad, entrevera el influjo francés moderno con la tradición del Derecho mercantil español, la cual estaba representado por las Ordenanzas de Bilbao. Lo cierto es que Fernando VII lo aceptó como Código de Comercio General, promulgándolo por Real Decreto de 30 de mayo de 1829.

Es, sin duda, muy singular que el primer Código mercantil moderno español, que copia textualmente números y artículos de las Ordenanzas de Bilbao, en ocasiones a través de su texto remozado por las Ordenanzas de Málaga de 1825, significara precisamente el final del Consulado de Bilbao, como de las demás corporaciones con Derecho autónomo.  Y sin embargo, se mantuvieran los Tribunales de Comercio hasta 1868; lo mismo que, siendo las Ordenanzas de Bilbao las únicas que contenían el régimen de quiebras -además de la de Málaga, reproducido- pasara al Código de Comercio de 1829, incluidas las calificaciones de los quebrados.

Y su liquidación forzosa a falta de acuerdo de pagos o su incumplimiento, componiendo el Libro IV del mismo, y este régimen, de arts. 1.017 a 1.158, no fue derogado completamente por la Ley de Enjuiciamiento Civil de 3 de febrero de 1881, vigente en materia concursal con anterioridad al Código de Comercio de 22 de agosto de 1885, parcialmente en vigor hoy día. Sólo muy parcialmente reformador en lo concursal, de forma y manera que hasta 173 años más tarde, se mantuvieron en vigor, con notable incerteza, siendo las normas concursales vigentes más ancianas de Europa.

Por ello, con la reforma concursal de 2004, refundida en 2020, en el fondo, lo que se abrogó fue la quiebra de las Ordenanzas de Bilbao

 

El Crédito de la Unión Minera y la idea de Bilbao

De los cinco bancos que se crearon entre marzo y junio de 1901 en Bilbao, que se agregaron al precedente Banco de Bilbao -ya entonces fusionado con el Banco del Comercio, al que se mantuvo como segunda marca-, en la coincidencia del auge minero, naviero e industrial, con la repatriación de los capitales de Cuba y Filipinas, por el desastre de la pérdida de los restos del Imperio.

Enseguida solamente quedaron el Banco de Vizcaya y el Crédito de la Unión Minera. Este último se formó por importantes propietarios de minas e intermediarios del mineral (Lambarri, Ibáñez de Aldecoa, Núñez Aretche, Castaño-López Fernández, Gandarias, Chávarri) como apoyo financiero a sus actividades, necesitadas de un tipo de banca más dinámica y especulativa, dentro del modelo mixto propio de la Villa, con operaciones no solo de préstamo y descuento, sino de promoción de actividad empresarial, generando grupos vinculados. Con una política agresiva de remuneración de depósitos y una intensa especulación bursátil, fue una entidad de éxito, que repartió dividendos de media del 10%, salvo el año de la suspensión de pagos de 1914, después de la que sus acciones en Bolsa siguieron aumentando de valor. Aunque no pudo superar la contracción económica derivada del final de la I Guerra Mundial, como no lo hicieron el Banco Vasco, fundado en 1917, o el Banco Agrícola y Comercial, constituido al año siguiente, los cuales hicieron mutis el mismo 1925.

El 11 de febrero de 1925 el Crédito de la Unión Minera suspendió pagos, al amparo de la nueva Ley de 1922.

 

Prácticas especulativas como causa de la insolvencia

Las causas de la insolvencia definitiva del Crédito de la Unión Minera pueden explicarse en el mantenimiento de unas prácticas especulativas, que no cambiaron tras la experiencia de la suspensión de pagos de 1914, por el aliento de la coyuntura de la Gran Guerra, y en mal momento del sector minero. Pero en esta ocasión, los consejeros no podían ofrecer garantías para la obtención de liquidez del Banco de España, puesto que el hundimiento se encontraba en su propia conducta:

Habían invertido fondos del banco en Bolsa, y habían obtenido pérdidas en el crack bursátil de 1921-22, y para ocultarlas echaron mano de los valores de los clientes que el banco tenía en depósito, y que habían pignorado, sin saberlo los depositantes, disfrazando contablemente los resultados negativos con beneficios ficticios.

El Juzgado de Instrucción del Distrito del Ensanche de Bilbao, cuyo titular era Pedro Navarro Rodríguez, abrió diligencias por estafa y falsedad documental. Cinco consejeros fueron arrestados y pasaron a prisión (el director de la firma, consejero delegado Juan Núñez Anchústegui, Jose María Pedro Astigarraga, los dos hermanos Acillona, y José Rafael Chapa), y se nombró un nuevo consejo de administración, con la crema de los negocios e instituciones locales. A la postre, fueron procesados otros seis de los consejeros, el tesorero, un contador, y el jefe de negociado de valores.  Y para hacerse un idea de la importancia del agujero económico producido, si el presupuesto del Estado era por entonces de unos 3.400 millones de pesetas (el estado liberal gastaba poco porque recaudaba poco), el monto de las fianzas de responsabilidad civil de todos los procesados ascendía a 1.250 millones de pesetas.

Las “fuerzas vivas” de Bilbao se dispusieron a precaver que no afectara al prestigio de la plaza, pero también para proteger sus propias empresas afectadas.  Se planteó a la Diputación Provincial de Vizcaya la aportación de recursos de salvamento, en la que se objetó que año siguiente habría de negociar la renovación del Concierto Económico, y pagar un nuevo y crecido cupo con efectos de 1 de enero de 1927, lo que comprometía la incógnita sobre la capacidad de gasto de la Corporación.

El republicano Horacio Echevarrieta, que era uno de los principales acreedores del banco, se encargó de efectuar un discreto contacto con el Directorio. Tenía magníficas relaciones con Primo de Rivera y Alfonso XIII, desde el rescate de los prisioneros de Abd el-Krim por el desastre de Annual en 1923 y el Gobierno estuvo de acuerdo en que la Diputación interviniera en el asunto, poniéndolo como condición para renovar el Concierto.

Así, el 6 de junio de 1925 se llegó a un acuerdo para el Cupo a partir de 1927, mediante dos actas: una referente al Concierto con los nuevos cupos, y otra con el ofrecimiento que hacía la Diputación vizcaína, una vez sabido el esfuerzo que debería hacer con los cupos desde 1927, con la ayuda de las otras dos Diputaciones vascas, para el pago de los créditos pasivos del Crédito de la Unión Minera, con carácter de anticipo reintegrable, por un total de 60 millones de pesetas. El déficit inicial se había fijado en más de 92 millones, (resultado de restar a la deuda de 132 los 40 embargados a los consejeros), que conseguiría con base en deuda pública, y garantía del estado.

El nuevo cupo, el acordado para ser abonado desde 1 de enero de 1927, se aprobó por Real Decreto el 9 de junio de 1925, con lo que la exigencia de este esfuerzo de las arcas públicas para conservar el tejido financiero de Bilbao tuvo como efecto posibilitar la fijación pactada de un cupo, que duró hasta la desaparición del Concierto con la Guerra Civil, lo que se antojaba, en principio, bien dificultoso con el sistema previsto (de factores poblacionales y territoriales) para una economía industrial en desarrollo como la vizcaína, destacada de la mayoría de la economía española.

La Ley de 1922 consentía el convenio de acreedores a pesar de la insolvencia definitiva, y la práctica ha sido acordar la constitución de una Comisión Liquidadora, a la que se daban para pago los activos de la suspensa. En marzo de 1926 se alcanzó un convenio con los acreedores del Crédito de la Unión Minera y se constituyó una Comisión Liquidadora. Las responsabilidades civiles de los procedimientos penales contra los encartados se fueron solucionando, tras el escándalo y la prisión, por medio de acuerdos extrajudiciales entre la Comisión Liquidadora y los condenados a cambio de diversas sumas millonarias, aplazadas y con garantías inmobiliarias y de sociedades.

El largo final del cese de Crédito de la Unión Minera

Casi un año y medio después de la suspensión de pagos, esta Comisión devolvió el 54% de los saldos a los ahorradores, con la colaboración de los fondos forales. Tras sucesivas prórrogas y sucesivos repartos (1934, 1936, 1941 y 1942) con carácter definitivo acabó su actividad el 11 de abril de 1942.

Para esta fecha se había liquidado la mayor parte del activo y pagadas las deudas. El saldo pendiente de la Comisión Liquidadora alcanzaba casi los 31 millones de pesetas, aunque sólo tenía para repartir 465.576. Antes de cesar, la Comisión Liquidadora decidió adjudicar en comisión el residuo de activo a cuatro adjudicatarios (Julio de Igartua, consejero director de Ferrocarriles Vascongados), Félix Gandarias, consejero de la Compañía Española de Minas del Rif, Emilio Sáenz Alonso, médico, y Alonso Artiles Rodríguez, profesor mercantil de Hacienda), con la misión de que con este resto pagaran las deudas pendientes.

Tras efectuar diversos repartos (1960, 1969, 1972) la Comisión Adjudicataria acordó uno último en 1986 de 17 millones de pesetas, de los que sólo se hicieron efectivos 3,5, quedando por lo tanto un remanente de casi 13,5 millones. Este resto fue invertido por el último adjudicatario, José Luis Romeo Amantegui (sustituto en 1963 de Félix Gandarias, todos los demás muertos), en una de estas actitudes de honor profesional (era profesor mercantil). En 2001 comunicó a la Diputación Foral de Bizkaia todos los antecedentes del caso, y su idea de que era a ella, en cumplimiento del acuerdo de 1926 y una vez prescritos los derechos de los acreedores, a quien correspondía cobrar los saldos. En octubre de 2001 el Sr. Romeo entregó al Diputado de Hacienda de Bizkaia el saldo resultante de la liquidación del Crédito de la Unión Minera como reintegro del anticipo de 60 millones de 1926.

El expediente de suspensión de pagos terminaba con el convenio, no como en el régimen vigente del concurso. El auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Bilbao, de 9 de agosto de 1948 aprobó la cuenta presentada por la Comisión Liquidadora, archivando el expediente. Con el sistema actual, en que el convenio no concluye el concurso, desde febrero de 1925 hasta octubre de 2001, hubiera sido el procedimiento de insolvencia más viejo de la historia, de 76 años.

Manuel Aranaz Castellanos y la literatura de la “bilbainez”

Manuel Aranaz Castellanos, agente de cambio y bolsa, había gozado de prosperidad como asesor financiero de José Martínez Rivas, desde que éste fue expulsado de la Asociación de Patronos después de la huelga minera de 1910. Al parecer, había facilitado pólizas suscritas en blanco a la gerencia del Crédito de la Unión Minera, en las que supuestamente se habían articulado pignoraciones fraudulentas de valores depositados de terceros para las especulaciones bursátiles de los administradores del banco.

Al recibir una citación del Juzgado para declarar, realizó viaje a Madrid el día 18 de febrero de 1925, con ignorado objetivo.  Y de vuelta la mañana del día 23 de febrero, tras de acudir a la Bolsa hasta las 13.30, se encaminó hacia Rekalde.  En una estrada rural se quitó la vida con un revólver marca Velodog, calibre 8, de un tiro en la cabeza.

Además, Manuel Aranaz era un conocido autor costumbrista local, y este gesto trágico, que no se emuló por ninguno de los responsables de la gestión del Crédito de la Unión Minera, ni por ninguno de los acreedores arruinados. Es un enigma. No hay constancia de que formara parte el suicida de alguno o ambos de los dos citados colectivos. No parece que hubiera tiempo para la enajenación mental desde los testimonios de la época. No se sabe a qué fue a Madrid antes del suicidio. Los dependientes de su oficina en sus manifestaciones ante el juez, o el registro de su despacho, fueron inanes en el proceso penal, de manera que las pólizas de prenda pseudoepigrafiadas no dejan de ser una tesis.

Tampoco se sabe del contenido de la tradicional carta al juez de guardia, que se sostiene se hallaba en el bolsillo de la chaqueta del cadáver. En fin, nunca se conocerá, si fue pundonor romántico, como la mayoría acepta, o terror a la cárcel por un crimen oculto vinculado al procedimiento concursal. La novela “La quiebra” de Juan Antonio Zunzunegui, que ficciona esta crisis bancaria, sobre tener escaso rigor histórico, no arroja luz al respecto, y el manifiesto autoexculpatorio publicado desde la cárcel de Larrinaga el 16 de marzo de 1925 por el marqués de Acillona. Como vicepresidente del consejo de administración, atribuye en el escrito que toda la responsabilidad de la quiebra al consejero-delegado Juan Núñez, y a ciertos empleados, incluido un agente de cambio y bolsa, incurre en una teoría de documentos inauténticos demostradamente incorrecta.

 

El costumbrismo bilbaino de un poeta liberal romántico

Manuel Aranaz Castellanos publicó en 1897 su primera obra: “En babuchas”, que ya avanza su imaginario. Tras esa incursión publicó novela: Calabazatorre (1900), Carmenchu (1903), Begui-Eder (Nuestra Señora de los Ojos Hermosos) (1919)… y teatro. Pero su obra más conocida se centra en las seis series de Cuadros Vascos que aparecen entre 1906 y 1924.

Los cuentos de Cuadros Vascos se instalan en la corriente de la literatura vasca escrita en castellano (precisión necesaria que precisará de un mayor desarrollo) de la segunda mitad del siglo XIX, continuadora del romanticismo tardío historicista, al margen de las tendencias literarias dominantes en España, realismo, naturalismo, y al final, la generación del 98, representada por las “Pasavolantes” de Sabino Goicoechea “Argos”, de 1883, 1889 y 1895, y los “Vuelos cortos” (1893) y el “Lexicón” (1896) de Emiliano de Arriaga, así como la novela histórica del joven Unamuno de “Paz en la guerra” de 1897.

Aunque Aranaz Castellanos rompió con la nostalgia de la generación anterior, mostró los problemas acuciantes de la generación bilbaína que ya había entrado en la sociedad industrial, de cuya vida financiera era conocedor (para su fin trágico).  Pero no pasó de criticar la hipocresía social, incluso hacer cierta censura política, de la sátira del clero como buen liberal, y de la ironía contra la glotonería y el alcoholismo, que se presentan como lacra común del pueblo vasco.

Jon Juaristi, en su Epílogo a la edición de 1996 de “Cuadros Bilbainos”,  resalta la originalidad de Aranaz Castellanos al fijar el foco de la clase social emergente de las primeras décadas del siglo XX, de los nuevos ricos de la especulación bursátil, aunque su obra realiza una crítica de las zonas oscuras del capitalismo, sin llegar a la protesta socialista, sino desde una perspectiva más moralista que otra cosa. El interés de su prosa mantiene interés porque el escritor fue un buen observador de la clase ociosa bilbaína de principios del siglo XX. Desde su posición privilegiada profesional, se aproximó inadvertidamente a las teorías para el capitalismo americano de Thorstein Veblen, aunque sin la altura literaria suficiente para escapar de la pura sátira de la “bilbainez”, que por oposición al bilbainismo unamuniano, describe Juaristi como “esa mezcla de rapacidad, engreimiento y cerrazón mental, que caracteriza al bilbaino de chiste de bilbainos”.

En definitiva, ningún poeta romántico se suicidó por la poesía, pero he aquí un narrador costumbrista que se quitó una vida, nada atormentada, por causa de sus relaciones con la nueva clase social cuya crítica fue objeto de su obra, en el marco de la quiebra bilbaina.